¿Cumplirán las campañas el pacto ético de no utilizar noticias falsas ni matoneo en las redes sociales?

Después de varios años de tecnopolítica tóxica, los colombianos, tal vez, podremos gozar de una temporada electoral medianamente sana en el entorno digital. Varias iniciativas para combatir las noticias falsas han sido puestas en marcha, los partidos firmaron un compromiso de autorregulación en sus estrategias digitales y la cantidad de seguidores falsos se ha reducido notablemente en casi todas las campañas.

La semana pasada, la Registraduría oficializó la iniciativa #VerdadElecciones2019, que incluye una alianza con Procuraduría, Universidad Javeriana y otras organizaciones con el fin de combatir la enfermiza práctica de difundir mentiras en las redes para influir en los resultados electorales. En las presidenciales del año pasado, y en el plebiscito sobre el acuerdo de paz, el país tocó fondo. “Las noticias falsas son un verdadero riesgo electoral”, dijo el registrador Juan Carlos Galindo, quien decidió meterle mano al problema. Se utilizará una plataforma de software que permite monitorear las conversaciones en las redes relacionadas con las elecciones del 27 de octubre e identificar en ellas posibles desinformaciones, las cuales serán objeto de chequeo por parte de entidades especializadas. En los casos de noticias falsas sobre el proceso electoral, la Registraduría producirá y difundirá las noticias verídicas, para rectificar las falsedades que abundan en internet. Además, 17 partidos firmaron un pacto ético que los compromete a impedir que desde sus filas se originen mentiras y distorsiones perversas, mientras que Facebook y Twitter suscribieron un memorando de entendimiento y colaboración con la Registraduría. Desde luego, varios de los partidos que firmaron el pacto son viejos conocidos en las artes oscuras de la mentira digital, y Facebook y Twitter no son precisamente las empresas más comprometidas con el uso sano de internet. Pero algo es algo.

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Un informe recién salido del horno de la firma Adalid, una compañía especializada en prevención de fraudes digitales, indica que al menos una mala práctica está llegando a su fin: los seguidores falsos en las cuentas de los candidatos. La tasa de seguidores falsos llegó a superar el 50 por ciento en las cuentas de los principales líderes políticos hace algún tiempo, pero en el reciente monitoreo de Adalid la mayoría de los candidatos a alcaldías en las principales ciudades andan por el 17 por ciento o menos. Claudia López, la más fuerte en redes sociales, tiene en Twitter 1,3 millones de seguidores, de los cuales son falsos 155.000; esto es, el 12 por ciento aproximadamente. Carlos Fernando Galán tiene 390.000 seguidores en Twitter, con una tasa de falsos del 17 por ciento, unos 66.000.

En Medellín, Daniel Quintero tiene un porcentaje de seguidores verdaderos del 90 por ciento y los seguidores verdaderos de Alfredo Ramos constituyen el 84 por ciento. En Cali, Alejandro Éder tiene 2 por ciento de seguidores falsos, mientras Jorge Iván Ospina registra 22 por ciento de seguidores inexistentes. De los candidatos monitoreados en este estudio, Aníbal Gaviria, aspirante a la Gobernación de Antioquia, tiene un volumen de seguidores falsos del 47 por ciento.

Pero la compra de seguidores es apenas un ángulo del problema. La difusión de mentiras que se replican masivamente en cuestión de horas es el mayor dolor de cabeza. Y aunque no tiene solución en el corto plazo, en Colombia se está haciendo lo que se puede. La red nacional de chequeadores, RedCheq, reúne a periodistas, medios y universidades alrededor de una metodología de verificación de información, con el apoyo técnico y financiero de Google y Facebook. Una información verificada por la red aparecerá en el buscador con una etiqueta que garantiza que ha sido validada. Del mismo modo, si un usuario de Facebook recibe una información identificada como falsa por lo chequeadores, esta incluirá una advertencia al lector.

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¿Qué tan útil puede resultar eso? En realidad, nadie lo sabe. No hay mediciones del tamaño que tiene el caudal de información falsa, y el trabajo de los chequeadores cubre apenas unas cuantas informaciones de esa avalancha. Colombiacheck, la organización líder en el país en verificación de noticias, cuenta con nueve personas nada más. Verificar una foto puede tomar un par de horas, pero cuando se trata de un discurso público, la verificación puede tardar hasta dos días. En ese lapso, centenares de mentiras nuevas se riegan como virus en las redes.

Colombiacheck utiliza una plataforma tecnológica llamada CrowdTangle, para monitorear las conversaciones que tienen lugar en las redes sociales. Cuando allí identifican un tema muy viral, candidato a noticia falsa, comienza el proceso de verificación. Pero hay algo más descorazonador. El principal canal de “viralización” de desinformaciones es WhatsApp, y lo que circula por allí no puede ser monitoreado por el software que sigue las conversaciones en las redes. Los chequeadores tampoco pueden investigar el origen de la mentira. Así que las campañas contra las fake news no pueden atacar la raíz del problema, solo los síntomas.

En cuanto al compromiso de autorregulación de los partidos, en realidad jamás ninguna organización política ha admitido que utiliza estas prácticas, ni desde sus oficinas se originan las mentiras y las campañas de saboteo contra los adversarios. Así que todos podrán proclamar que cumplieron el pacto ético. Pero es evidente que las presiones de los medios en relación con el tema de noticias falsas, los escándalos mundiales por la manipulación electoral en varios países y las sanciones contra Facebook en Europa y Estados Unidos han comenzado a surtir efecto. “Es muy factible que ante los escándalos revelados recientemente, los candidatos y sus equipos de trabajo se estén esmerando por evitar estas prácticas”, opina Paola Méndez, experta en estrategias digitales y directora de la agencia de comunicaciones Loor. La popularización de herramientas de análisis y la lupa de los medios sobre los personajes públicos han contribuido, de algún modo, a morigerar el problema.

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Las plataformas de monitoreo y análisis de audiencias y conversaciones en las redes son imprescindibles en la caja de herramientas de cualquier estratega digital. Mediatoolkit, Metricool o Geopolitics son algunas de las preferidas por los asesores digitales de los candidatos en Colombia. Con ellas se construyen agendas programáticas locales, pues permiten identificar los temas de los que está hablando la población. También reconocen las menciones positivas y negativas sobre el candidato y perfilan los grupos de seguidores, por edades o por “sentimientos”.

En Colombia se utiliza con especial intensidad el envío de mensajes a través de WhatsApp, especialmente la víspera, para recordar a los votantes el número en el tarjetón. Esta es la red más importante en la tecnopolítica colombiana, más que Facebook y un poco menos que Twitter. Las funciones de WhatsApp incluyen la gestión de grupos de militantes digitales, a los que se convoca en operaciones avispa para que viralicen contenidos o incidan en conversaciones y tendencias en las redes. Por ejemplo, si en un debate que se transmite a través de Facebook Live, el candidato está saliendo mal librado, los estrategas de campaña convocan en segundos a los grupos de WhatsApp para que, en masa, escriban comentarios en la transmisión y modifiquen las estadísticas del debate. Un candidato que quiera contar con una estrategia digital debe invertir entre 10 y 30 millones de pesos mensuales por un paquete básico que regularmente incluye el envío de boletines, el manejo de WhatsApp y la gestión de las redes sociales y de la pauta digital.

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No es fácil creer que los partidos políticos, que cotidianamente calientan las redes sociales con debates violentos y desmedidos, serán capaces de hacer campañas digitalmente limpias en esta temporada. Pero no se puede negar que hay señales de progreso en el ambiente digital.

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